Miles de personas se unieron este viernes en Lima a una movilización pacífica convocada por el partido de izquierda Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez, protesta que se articula en defensa del voto popular y con demanda de transparencia y justicia electoral ante patrones anómalos de votación que benefician a la derecha e irregularidades durante la segunda vuelta.

Los movilizados se congregaron en el centro limeño, en el Campo de Marte, y desde allí, a partir de las 16H00, recorrieron el entramado urbano con la intención de llegar a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Imágenes difundidas a través de redes sociales mostraron a los congregados cuando eran saludados por Sánchez desde la sede de la fuerza política, antes de unirse a ellos y desplazarse por el centro limeño. También están presentes Ana Li Márquez y Brígida Curo, candidatas a la primera y segunda vicepresidenta.

Horas antes, Sánchez pidió a la Policía brindar seguridad de la protesta e insistió en su carácter pacífico. En paralelo, denunció: «He intentado comunicarme con el Presidente de la República para expresar mi preocupación por las acciones de la Procuraduría y del Ministerio del Interior contra una movilización pacífica. Defender la democracia, justicia electoral y la voluntad popular no es delito«.

El candidato presidencial responsabilizó políticamente al Gobierno de José María Balcázar «por cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de los manifestantes«.

Insistió en que el proceso electoral no ha concluido y que Juntos por el Perú continuará exigiendo el respeto y transparencia. Insistió que, además de anomalías detectadas en mesas de votación en territorio peruano, hubo graves irregularidades en el traslado de actas y material electoral desde el extranjero.

El jueves, Sánchez denunció que el derecho constitucional al voto que tienen los peruanos en el extranjero fue gravemente afectado por la Cancillería luego de haber pedido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en pleno proceso electoral, la suspensión del registro digital de las actas de votación y permitir que estas fuesen enviadas al Perú por valijas diplomáticas y «otros medios», generando sospechas de manipulación.

Agregó que la bancada de Juntos por el Perú en el Congreso recolecta firmas para interpelar al Canciller, y que el JNE ya aceptó en apelación revisar las más de 2.400 mesas de votación en Lima y Estados Unidos (más de 1.700 en la capital y más de 600 en aquel país). Días atrás se presentó nulidad para 294 mesas en Argentina. Las audiencias a tal efecto fueron convocadas para este viernes.

Derecho constitucional bajo amenaza y clima social adverso

La organización de la movilización registró tensiones, con un visible esfuerzo de autoridades por crear un clima social adverso y criminalizar la protesta. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, declaró a un medio local que detectaron a personas que estarían almacenando artefactos pirotécnicos en la capital y se evaluaba si tendrían algún vínculo con los organizadores de la movilización.

Pese a que Juntos por el Perú enfatizó en el carácter pacífico de la marcha, el burgomaestre limeño declaró a otro medio: «no vamos a darle tregua a los violentos» y «si quieren protestar en el centro, aténgase a las consecuencias«, recordando que existe una ley que declara intangible esa área y que prohíbe expresamente realizar movilizaciones allí.

Reggiardo justificó los operativos realizados en peajes de acceso a la capital como necesarios para impedir la entrada de interesados en provocar disturbios. Desde la izquierda interpretaron que la Alcaldía ejecutó esa maniobra para impedir la llegada a Lima de delegaciones de manifestantes de otras provincias en las que se votó masivamente por Roberto Sánchez.

En paralelo, el Ministerio del Interior rechazó una solicitud de Juntos por el Perú para dar garantías de seguridad a la movilización y no autorizó el acto público. Sin embargo, el ministro de la cartera, José Zapata, anunció el despliegue de entre 8.000 y 9.000 uniformados para evitar presuntos incidentes.

LEA TAMBIÉN:

Víctimas de masacres en Perú rechazan presidencia de Keiko Fujimori

Horas atrás, la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a las movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular. Ante dichas presiones, Juntos por el Perú dejó claro que «defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito. La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos. Por justicia electoral».

Estrecha diferencia daría la victoria a Fujimori

Mientras tanto, el sitio web de la ONPE para seguir la marcha del escrutinio publicaba este viernes que la ultraderechista Keiko Fujimori adelantaba a Sánchez por margen de 41.675 votos.

La aspirante presidencial de Fuerza Popular sumaba 9 millones 182 mil 28 votos (50,114 por ciento), en tanto que Sánchez —quien ha reiterado que respetará los resultados cuando el proceso concluya completamente— capitalizaba 9 millones 140 mil 353 (49,886 por ciento).

EN ESTA NOTA: